Las instituciones educativas tienen una responsabilidad directa y fundamental en la prevención y atención del acoso hacia los docentes, ya que son espacios donde debe garantizarse el respeto, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa. Cuando un docente es víctima de acoso y no recibe el apoyo necesario, se vulneran no solo sus derechos laborales y humanos, sino también la calidad de la enseñanza que imparte.
En primer lugar, las instituciones deben reconocer el acoso como una problemática real y no minimizar sus efectos. Para ello, es imprescindible contar con protocolos claros de prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia laboral o interpersonal. Estos protocolos deben estar respaldados por normativas internas y alineados con los marcos legales nacionales.

Entre las medidas concretas que deberían implementarse están:
Capacitación continua a directivos, docentes y personal administrativo sobre acoso laboral, manejo de conflictos y convivencia escolar.
Creación de canales de denuncia seguros y confidenciales, donde el docente pueda expresar sus experiencias sin temor a represalias.
Acompañamiento psicológico y legal gratuito para los docentes afectados, promoviendo su recuperación integral.
Campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes y padres de familia, para fomentar el respeto hacia el rol del docente.
Supervisión externa o auditorías sobre el clima laboral dentro de las instituciones, con evaluaciones periódicas que ayuden a detectar focos de violencia o abuso de poder.

En conclusión, proteger al docente no es solo un deber moral, sino una condición indispensable para una educación de calidad. Las instituciones no pueden ser cómplices del silencio; deben ser agentes activos en la construcción de entornos laborales dignos, seguros y respetuosos.