Unión Europea: lista de "países de origen seguros" para agilizar devoluciones de migrantes
Fecha: 17 de abril de 2025
La reciente propuesta de la Comisión Europea de establecer una lista común de "países de origen seguros" plantea importantes reflexiones en torno al derecho de asilo, los derechos humanos y las garantías procesales en contextos migratorios. Si bien el objetivo declarado de esta iniciativa es agilizar los procedimientos de asilo y facilitar las devoluciones, es necesario analizarla a la luz de los principios fundamentales del Derecho internacional y europeo.
En primer lugar, el concepto de “país seguro” resulta problemático cuando se aplica de forma generalizada, aunque algunos Estados pueden presentar condiciones de seguridad en términos generales, esto no excluye la existencia de situaciones de persecución individual por motivos políticos, orientación sexual, género, religión o activismo social, por lo tanto, declarar automáticamente como “seguro” un país, sin un análisis profundo de sus contextos internos y de las dinámicas de vulnerabilidad específicas, puede vaciar de contenido el derecho individual a solicitar asilo, garantizado tanto por la Convención de Ginebra de 1951 como por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
En segundo lugar, si bien la propuesta mantiene una evaluación individual y la posibilidad de revisión judicial, la reducción de plazos a un máximo de tres meses en la fase administrativa podría afectar la calidad de los procedimientos. La premura puede traducirse en decisiones apresuradas, con escasa atención a los factores de riesgo que enfrentan ciertos solicitantes, en este sentido, es necesario recordar el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe retornar a una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro.
Por otro lado, la preocupación expresada por organizaciones como Amnistía Internacional debe ser tomada en serio ya que existe el riesgo de que esta clasificación facilite el rechazo sistemático de solicitudes provenientes de personas pertenecientes a minorías o grupos perseguidos, como los defensores de derechos humanos, periodistas críticos o personas LGBTI, reproduciendo prácticas de discriminación estructural.
Aunque el control migratorio legítimo es un derecho soberano de los Estados, este debe ejercerse en armonía con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, una política migratoria eficiente no debe sacrificar los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo, es fundamental que cualquier iniciativa en este sentido sea acompañada de garantías procesales efectivas, transparencia en los criterios de evaluación, y un enfoque verdaderamente humanitario que reconozca la dignidad de cada ser humano.