Fecha: 14 de Abril del 2025

Resumen:

El presidente Daniel Noboa propuso la obligatoriedad de la prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado como parte de su estrategia para enfrentar la creciente inseguridad en Ecuador. Según el comunicado oficial del 5 de febrero de 2025, la medida buscaba evitar que delincuentes peligrosos eludieran la justicia y garantizar su comparecencia durante el proceso judicial. La propuesta incluía delitos como terrorismo, narcotráfico, sicariato y tenencia ilegal de armas, argumentando que estos representan un alto riesgo de fuga y requieren una respuesta eficaz. 

Sin embargo, la Corte Constitucional rechazó la iniciativa el 14 de febrero de 2025, considerando que imponía una restricción injustificada a la presunción de inocencia y transformaba la prisión preventiva en una sanción automática, contraria a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Reflexión:

La reciente decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, al rechazar la propuesta de prisión preventiva obligatoria impulsada por el presidente Daniel Noboa, representa un hito importante en la defensa del Estado de derecho. Esta resolución reafirma el principio de presunción de inocencia, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema jurídico democrático. La prisión preventiva debe ser una medida cautelar excepcional, no una sanción automática que anticipe una condena.

Imponerla de manera obligatoria, especialmente en casos de terrorismo y crimen organizado, puede parecer una respuesta rápida frente a la inseguridad, pero pone en riesgo los derechos individuales y abre la puerta a posibles abusos del poder estatal. La Corte ha registrado que toda limitación de libertad debe estar sujeta a criterios de necesidad, proporcionalidad y motivación judicial.

Esta decisión también evidencia el equilibrio necesario entre la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos. En tiempos de crisis social o política, el respeto a las garantías constitucionales no debe ceder ante medidas populistas. Fortalecer el sistema de justicia no implica soportar leyes sin reflexión, sino asegurar que las decisiones sean justas, legales y humanas.