Fecha: 12 de abril de 2025

El Gobierno Nacional ha decretado un nuevo estado de excepción en siete provincias, dos cantones y en todos los centros de privación de libertad del país. Esta decisión, amparada en el Decreto Ejecutivo 599, responde a lo que el régimen califica como “grave conmoción interna”, pero también pone en evidencia una preocupante incapacidad del Estado para prevenir la violencia y mantener el control sin recurrir a medidas extremas.

Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, Sucumbíos, Quito y Camilo Ponce Enríquez son nuevamente puestos bajo un régimen excepcional que limita derechos y libertades, mientras la población sigue enfrentando una inseguridad creciente. La medida también abarca el sistema penitenciario, duramente golpeado por amotinamientos, fugas y asesinatos que han dejado al descubierto el dominio del crimen organizado dentro de las cárceles.

Este nuevo estado de excepción, que se suma a varios anteriores sin resultados sostenibles, nos lleva a preguntar: ¿cuántas veces más se suspenderán derechos para cubrir la falta de estrategia? ¿Cuándo el gobierno pasará de reaccionar a planificar, de reprimir a transformar?

Es momento de reflexionar. Un país no puede gobernarse eternamente por decretos de emergencia. La seguridad ciudadana no se construye desde la excepción, sino desde la prevención, la inversión social, la transparencia y el fortalecimiento institucional. La ciudadanía no debe conformarse con parches. Exijamos soluciones reales, responsables y duraderas. Porque vivir en paz no puede ser un privilegio limitado por decretos, sino un derecho garantizado por un Estado que funcione.

Fuente: https://www.instagram.com/p/DIWcn6NudOE/?igsh=YmRqOTMxb2xncmw5