Tema: Tasa de control minero ya suma tres demandas de inconstitucionalidad.
Fecha: 08/07/2025.
La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) del Ecuador implementó recientemente una actual tasa de fiscalización y control dirigida a titulares de las licencias mineras, la cual normalmente suele variar entre el 3% y el 100% del Salario Básico Unificado ($470 en 2025) por cada hectárea, en concordancia con la etapa del proyecto y el tipo de minería (desde pequeña escala, mediana o grande). El 20 de junio finalmente se publicó la resolución ARCOM-003/25 y empezó a funcionar el 1 de julio, mediante los pagos tanto semestrales como anuales conforme al régimen minero. ¿Quedan liberadas la minería artesanal y las actividades no metálicas?. Frente a esta medida, la compañía Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A. Intercedió una reciente queja con respecto a la inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, contradiciendo los artículos 1 y 2 presentados en la resolución. En base a lo mencionado por Hanrine, la tasa actual se halla desmedida y provoca un impacto relevante dentro de los costos operativos de sus licencias o concesiones, algunas incluso dentro de la etapa de exploración. Otras empresas cerca del sector ya evalúan la posibilidad de presentar demandas parecidas. A lo largo de la historia, la Corte Constitucional ha proclamado inconstitucionales algunos impuestos similares cuando no existía para nada una conexión técnica notoria entre la prestación del servicio y la cantidad recaudada. Anteriormente, en diversas situaciones previas, específicamente en tres (como las tarifas de la aduana), dichas tarifas se cancelaron al no contar con un respaldo de investigaciones técnicas oficiales que sostuvieran el costo del servicio. El precedente presenta un impacto muy relevante: si la ARCOM no presenta una asociación entre la recaudación y un gasto real del Estado de supervisión, la tasa podría ser tomada en cuenta como arbitraria o de confiscación. Por otra parte, el Gobierno respalda la tasa explicando la necesidad de fortificar el control dentro de la minería ilícita y de contar con los recursos necesarios tanto para el equipo como para el personal. El viceministro de minas y la ministra de energía han persistido en su pensamiento sobre que la regulación se mantendrá "inalterable", sin necesidad de acuerdos ni negociaciones. Sin embargo, la Cámara de Minería alerta que, sin un mecanismo de conversación técnica, existe el constante peligro de crear una incertidumbre legal que podría dañar la inversión en un sector fundamental de la economía de Ecuador.