El caso de Cambridge Analytica, revelado por Christopher Wyld, muestra cómo el uso indebido de datos personales puede convertirse en una herramienta de manipulación política masiva. La firma explotó información de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, diseñando estrategias de persuasión electoral altamente efectivas durante la campaña de Trump en 2016. Este episodio no solo evidenció fallas en la protección de datos por parte de Facebook, sino que también planteó serias dudas sobre los límites éticos de la publicidad política en la era digital, la falta de acción de la red social ante el tráfico ilícito de información profundizó la crisis de confianza en las instituciones, tanto tecnológicas como gubernamentales.

Más allá de EE.UU., las investigaciones en países como Nigeria, Kenia y Brasil demuestran que la manipulación de datos electorales es un problema global, amenazando la integridad de los procesos democráticos, a pesar de los esfuerzos por regular el uso de la información personal, el ritmo acelerado de la innovación tecnológica supera la capacidad de los marcos legales para garantizar transparencia, esto exige una cooperación urgente entre legisladores, empresas tecnológicas y organismos internacionales para establecer protecciones robustas. Sin una regulación efectiva, la desconfianza ciudadana seguirá erosionando la credibilidad de las democracias y las plataformas digitales que moldean la opinión pública.