El ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que policías y militares en servicio pasivo se harán cargo de las cárceles.

La recaptura de Adolfo Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, ha sido interpretada como un alivio momentáneo para el Gobierno, en medio de una semana marcada por la crisis institucional en el sistema penitenciario. En este contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció un plan de reestructuración del SNAI, que contempla la incorporación de policías y militares en servicio pasivo para el control de cárceles de máxima seguridad.

El ministro señaló que el 50 % de los funcionarios civiles del SNAI ya han sido separados y que se necesita una reforma legal para no retener el 40 % de la jubilación de quienes deseen reintegrarse desde el retiro. Aunque esto puede representar una solución operativa inmediata, expertos como Lorena Piedra han advertido que una verdadera transformación requiere una depuración completa del SNAI y la aplicación de pruebas de confianza. 

Por otro lado, la propuesta del analista Jean Paul Pinto de crear una cuarta fuerza armada penitenciaria especializada invita a pensar en una solución a largo plazo. Desde un enfoque de Derechos Humanos, es fundamental que quienes controlan las cárceles no solo cuenten con formación táctica, sino también con preparación en trato humanitario, rehabilitación y manejo de conflictos.

Finalmente, si bien el Gobierno afirma que se incorporarán los elementos “necesarios” al SNAI, aún no se especifican cifras ni plazos. Esto evidencia una falta de planificación clara, lo cual es preocupante en un país que vive una crisis carcelaria prolongada. Es indispensable garantizar que cualquier reforma en el sistema penitenciario esté basada en principios de legalidad, seguridad y respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.