Titulo: WWF apoya ley de áreas protegidas de Ecuador pero pide ajustes

La declaración de la WWF respecto al nuevo proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Ecuador simboliza una perspectiva crítica y constructiva sobre la preservación del medio ambiente en la nación. Aunque la entidad reconoce las ventajas de la propuesta como el propósito de recuperar territorios ocupados por economías ilícitas y fomentar el turismo sostenible mediante inversión privada regulada, también sugiere una serie de aspectos críticos que deben ser tomados en cuenta de manera inmediata.

Uno de los retos más significativos mencionados es la baja capacidad de funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que abarca el 20% del territorio del país. La WWF alerta que, a pesar de su cobertura oficial, estas áreas no cuentan con los recursos humanos, técnicos y económicos requeridos para asegurar su efectiva protección. Esta desigualdad estructural constituye un peligro no solo para la biodiversidad, sino también para los derechos de las comunidades nativas y locales que se apoyan directamente en estos ecosistemas.

Además, la WWF enfatiza que la viabilidad de las zonas protegidas se basa en una relación justa y equilibrada con las comunidades locales e indígenas. No solo se trata de preservar la biodiversidad, sino de identificar a las comunidades indígenas como participantes esenciales en la gestión de estos lugares. Por lo tanto, los ingresos producidos ya sea mediante el turismo o mediante mecanismos de compensación ambiental deben ser revertidos directamente en beneficio de estas comunidades, en aspectos de educación, salud, infraestructura y mejora de habilidades.

En cambio, la indicación de la WWF acerca de la importancia de claridad normativa en relación al papel del Estado, las comunidades y el sector privado adquiere un significado crucial en el actual panorama político y económico de Ecuador. Es legítima la desconfianza hacia las grandes inversiones foráneas en zonas delicadas, particularmente si no se implementan mecanismos de participación obligatoria, consulta anticipada y una evaluación socioambiental exhaustiva. Sin dichas protecciones, la legislación podría transformarse en una puerta franca para la comercialización de la naturaleza.

Finalmente, la entidad sugiere una perspectiva de turismo fundamentada en modelos de impacto ecológico reducido, como el ecoturismo y el turismo comunitario, en contraposición a desarrollos en masa que suelen causar efectos desoladores en ambientes vulnerables. Este compromiso con la sostenibilidad no solo resguarda el legado natural, sino que también crea puestos de trabajo, fomenta la identidad cultural y reparte de manera más equitativa los beneficios económicos.