Las sociedades mercantiles, conforme a la Ley de Compañías, constituyen una herramienta esencial para el desarrollo del emprendimiento y la formalización de actividades económicas porque ofrecen una estructura jurídica clara, eficiente y adaptada a las distintas necesidades productivas del país. Al constituir una sociedad, los emprendedores adquieren personería jurídica, lo que permite separar su patrimonio personal del empresarial, reduciendo riesgos financieros y facilitando la planificación a largo plazo.

Además, la existencia de diferentes tipos societarios como la sociedad anónima, la compañía de responsabilidad limitada o la sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) permite escoger el modelo más adecuado según el tamaño del negocio, número de socios o acceso a capital. Esto genera incentivos concretos para la legalización de actividades informales, promoviendo la inclusión económica y tributaria.

La formalización mediante sociedades mercantiles también es clave para acceder a créditos, participar en procesos de contratación pública, atraer inversión y expandir operaciones tanto a nivel nacional como internacional. De este modo, no solo se fortalece la seguridad jurídica y la transparencia empresarial, sino que se dinamiza el mercado interno, se generan empleos formales y se impulsa una cultura de cumplimiento normativo que beneficia al sistema económico en su conjunto.