Las sociedades mercantiles no solo permiten estructurar jurídicamente una empresa, sino que son instrumentos estratégicos para dinamizar el emprendimiento, atraer inversión, proteger a los empresarios y fortalecer la economía nacional. Su regulación en la Ley de Compañías ha evolucionado para responder a los desafíos actuales, promoviendo una cultura empresarial formal, eficiente y equitativa en el Ecuador.

La Ley de Compañías en su art. 2 establece diferentes tipos de sociedades mercantiles, como la Sociedad Anónima (S.A.), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), entre otras, cada una con sus características específicas y requisitos de constitución. Esto permite a los emprendedores elegir la estructura societaria que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos. 

La constitución de una sociedad mercantil representa un paso fundamental en la formalización de un negocio, ya que permite acceder a mercados más amplios, participar en licitaciones públicas y establecer relaciones comerciales con entidades del sector privado. Una de las principales ventajas es la responsabilidad limitada que ofrecen muchas de estas sociedades, lo que protege el patrimonio personal de los socios frente a deudas o problemas financieros, incentivando así la inversión y reduciendo el riesgo percibido por los emprendedores.

Además, al operar de manera formal, las empresas tienen mayor acceso a fuentes de financiamiento, como créditos bancarios o inversiones de capital, que son esenciales para el crecimiento y expansión del negocio. La formalización también mejora la credibilidad de la empresa frente a clientes, proveedores e inversionistas, generando más oportunidades comerciales.

La Ley de Compañías ha facilitado este proceso al simplificar los trámites de constitución de ciertos tipos societarios, como la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), que puede ser constituida incluso por una sola persona, de forma rápida y sin grandes costos. Finalmente, esta ley otorga un marco legal claro y seguro que regula la administración, transferencia de acciones y disolución de las sociedades, lo cual fomenta la confianza, la inversión y la sostenibilidad del emprendimiento en el país.