Fecha: 22/06/2025
Fuente: Infobae
Como estudiante de Derecho, no puedo evitar sentirme profundamente alarmado por esta noticia, que revela el estado crítico de descomposición institucional en el sistema penitenciario del Ecuador. La fuga de uno de los criminales más buscados desde la Penitenciaría del Litoral no es solo un incidente aislado; es la punta del iceberg de una red de corrupción, impunidad y control carcelario que se ha ido consolidando en los últimos años. Que un reo de alta peligrosidad, conocido por su liderazgo en estructuras delictivas, logre escapar de una prisión de máxima seguridad pone de manifiesto el debilitamiento del Estado y la fragilidad de los mecanismos de control.
La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Cómo se logra una fuga sin la complicidad interna? Es difícil de creer que esto haya sucedido sin que el personal penitenciario estuviera al tanto o incluso colaborara, lo que pone de manifiesto la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones públicas. Este hecho muestra que el sistema no está cumpliendo su función de reeducar, rehabilitar ni resocializar; más bien, se ha convertido en un refugio y un campo de operaciones para los líderes delictivos.
Además, esta fuga afecta directamente la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad y la justicia. Mientras que desde el poder político se promueven discursos de mano dura, la realidad demuestra que el verdadero control sigue en manos de las bandas. La falta de transparencia, la débil implementación de políticas de inteligencia penitenciaria y la ausencia de una reforma estructural solo agravan aún más la situación.
Creo que es fundamental reconstruir el sistema carcelario desde una visión integral. Necesitamos implementar un control estricto para combatir la corrupción interna, proporcionar recursos adecuados a las fuerzas del orden sin caer en una militarización excesiva, y crear una política criminal que no solo se enfoque en castigar, sino también en prevenir. El derecho penal no debería ser el único recurso a nuestra disposición, sino que debe formar parte de una estrategia nacional que priorice la justicia, la prevención y el respeto por los derechos humanos. Esta fuga no solo representa una amenaza directa para la seguridad del país, sino que también plantea un gran desafío para la credibilidad del Estado y el futuro de la justicia en Ecuador.