Asamblea debate la aprobación del proyecto de Ley de Integridad Pública, ¿de qué se trata?

Desde mi punto de vista, la Ley de Integridad Pública que se debate en la Asamblea representa un esfuerzo ambicioso por reorganizar y fortalecer las instituciones del Estado, especialmente frente al contexto de emergencia que vive el país. Sin embargo, también plantea muchas dudas que no se pueden pasar por alto. El hecho de que se vayan a reformar más de diez leyes, incluyendo temas tan sensibles como la contratación pública, el sistema judicial, el Código Penal o la protección de niños y adolescentes, muestra que no se trata de una ley menor. Me llama la atención que se pretenda crear una Junta que regule al Banco Central desde el Ejecutivo, aunque sus miembros los designe la Asamblea. Hay que estar alertas para que esto no ponga en riesgo la autonomía de una institución tan clave para la economía del país y también creo que hay aspectos positivos, como la evaluación de jueces y fiscales o las penas reducidas para adolescentes que colaboren con la justicia, pero me preocupa que se usen estas reformas como excusa para concentrar más poder o tomar decisiones apresuradas sin el debido control.

Al final, esta ley puede convertirse en una herramienta para reconstruir la confianza en lo público, siempre y cuando se aplique con transparencia y con respeto a los derechos. Pero si no se vigila bien, podría terminar siendo usada como una medida política más, disfrazada de integridad.