Bienes desaparecidos y hasta robos de celulares ha vivido el Centro de Inteligencia, encargado de producir información para la seguridad nacional
El Universo revela graves irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado en el manejo de bienes dentro del Sistema Nacional de Inteligencia, antes conocido como CIES, entre los hallazgos se identifican la desaparición de bienes como teléfonos celulares, armas, equipos electrónicos y vehículos, lo que evidencia una profunda debilidad en los controles internos de una institución cuya finalidad debería ser precisamente garantizar la seguridad y protección estratégica del Estado, esta contradicción entre su misión y su funcionamiento real plantea serias dudas sobre la gestión pública, el control administrativo y la integridad institucional.
Simultáneamente, la noticia destaca que el actual Gobierno ha promovido y aprobado una nueva Ley Orgánica de Inteligencia que otorga facultades reforzadas al SNI, entre ellas se incluye la posibilidad de interceptar comunicaciones, acceder a datos reservados de empresas privadas, infiltrar organizaciones y operar sin autorización judicial previa, estas atribuciones, si bien responden al argumento de mejorar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, generan una seria preocupación desde el punto de vista del Estado de Derecho, ya que pueden permitir la vulneración del derecho a la intimidad, la presunción de inocencia y el debido proceso si no cuentan con límites institucionales adecuados.
Uno de los aspectos más preocupantes es la ausencia de contrapesos claros, el director del SNI es designado por el Presidente de la República y su accionar se encuentra fuera de la supervisión judicial y legislativa directa, en una democracia constitucional, este tipo de poderes concentrados y sin fiscalización efectiva pueden facilitar el uso político de la inteligencia estatal, ya sea para perseguir opositores, controlar la opinión pública o manipular procesos judiciales. Ecuador ya ha vivido experiencias nefastas con el uso partidista del aparato de inteligencia, por lo que este rediseño institucional —lejos de representar un cambio estructural— podría derivar en la sofisticación de viejas prácticas autoritarias.
Además, la normativa permite la confidencialidad casi absoluta de los procedimientos del SNI, incluyendo la destrucción de documentos para proteger el “gasto reservado”, esta disposición no solo obstaculiza la rendición de cuentas, sino que también crea un entorno institucional donde las prácticas de corrupción pueden proliferar sin consecuencias jurídicas, esto es particularmente delicado en un país donde la corrupción estructural ha penetrado incluso en los más altos niveles del sistema judicial, como se ha demostrado con los casos “Metástasis” y “Purga”, que involucran a fiscales, jueces y policías.
Finalmente, este panorama nos sitúa ante una tensión fundamental: la necesidad de fortalecer la seguridad del Estado sin sacrificar los pilares del sistema democrático, s el Ecuador aspira a construir una institucionalidad sólida, la Ley de Inteligencia debe estar sujeta a límites legales claros, supervisión parlamentaria efectiva, control judicial estricto y mecanismos independientes de auditoría. Sin estas garantías, lo que podría presentarse como una herramienta de defensa nacional terminará siendo una amenaza para los derechos civiles, la transparencia pública y la legitimidad democrática del Gobierno de turno.