Fecha: 20-06-2025

Reflexión personal:

Como estudiante de Derecho, considero que la situación actual en Ecuador frente al crimen organizado no solo es alarmante, sino también reveladora de las profundas debilidades estructurales de nuestro sistema judicial. La noticia publicada esta semana por el País expone una realidad que, aunque conocida, muchas veces ha sido ignorada: sin una justicia independiente, cualquier esfuerzo por combatir el narcotráfico es insuficiente. La presión que ejercen las bandas criminales sobre fiscales, jueces y policías demuestra que el verdadero reto no está solo en aprobar nuevas leyes, sino en garantizar que se apliquen sin miedo ni corrupción.

Es preocupante que se discutan reformas punitivas mientras se ignora la urgencia de proteger a quienes deben hacer cumplir la ley. Desde mi formación académica, entiendo que el Estado de derecho no se sostiene únicamente con penas más severas, sino con instituciones sólidas y con credibilidad. Esta noticia me lleva a reflexionar sobre el rol que debemos asumir las futuras generaciones de juristas: debemos luchar por un sistema legal que respete los derechos, que no ceda ante la presión del poder ni del crimen, y que sirva verdaderamente a la justicia.

Esta noticia se relaciona estrechamente con el Derecho, ya que aborda temas fundamentales como la independencia judicial, el debido proceso y el fortalecimiento institucional. En el ámbito jurídico, la lucha contra el crimen organizado no solo implica la creación de normas penales más estrictas, sino también la garantía de que dichas normas sean aplicadas por jueces y fiscales imparciales, protegidos de la influencia de organizaciones delictivas. Esta situación pone en evidencia la importancia de un sistema judicial autónomo como pilar del Estado de derecho, donde el cumplimiento de la ley no esté sujeto a intereses políticos ni amenazas externas.

Además, la noticia también plantea un debate jurídico sobre los límites del poder punitivo del Estado y la necesidad de adoptar enfoques más amplios, como la legalización o descriminalización de ciertas conductas, en línea con principios del Derecho penal mínimo. La propuesta de enfrentar el narcotráfico desde un enfoque más integral —incluyendo salud pública, prevención social y reformas estructurales en el sistema judicial— refleja una perspectiva jurídica moderna, que busca soluciones más efectivas y respetuosas de los derechos humanos. De esta manera, el análisis no solo denuncia un problema social, sino que invita a una reflexión profunda sobre cómo debe responder el Derecho ante los desafíos del crimen organizado en sociedades democráticas.