Título: Ecuador apuesta por una revolución digital: nueva ley de telecomunicaciones promete inclusión, pero genera dudas sobre equidad y control
Fecha: viernes, 13 de junio de 2025
Reflexión/ Interpretación:
La reciente promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones me deja sensaciones encontradas. Por un lado, reconozco que el país necesita urgentemente modernizar su marco legal en materia de telecomunicaciones, especialmente si se quiere garantizar un acceso más equitativo y eficiente para todos los ecuatorianos. Sin embargo, también creo que es necesario mirar más allá del entusiasmo que generan los titulares y preguntarse si esta reforma realmente ataca los problemas de fondo o si simplemente reorganiza lo existente con una nueva narrativa.
Uno de los aspectos que más me llama la atención es la exoneración de pagos a las empresas públicas por el uso del espectro radioeléctrico. Se presenta como una medida para facilitar su operatividad, pero en el fondo puede convertirse en una ventaja desproporcionada que afecte la competencia en el sector. ¿Por qué liberar a unas entidades de obligaciones económicas sin antes evaluar su eficiencia o compromiso con la mejora del servicio? Lo público no siempre es sinónimo de calidad ni de responsabilidad, y exonerar sin exigir no es una política, es un privilegio encubierto.
Tampoco me convence del todo la promesa de reducir la brecha digital con un 1% de los ingresos de los operadores. ¿Es esa contribución suficiente para un problema tan estructural? ¿Cómo se medirá el impacto real de esos recursos en zonas históricamente abandonadas por el Estado? Priorizar a las provincias afectadas por terremotos es loable, sí, pero no se debe olvidar que la desconexión digital es un fenómeno crónico en muchas regiones, incluso sin desastres naturales de por medio.
El establecimiento de nuevos plazos de prescripción para sanciones puede verse como un intento de dar seguridad jurídica, y eso es positivo. Pero también puede ser un arma de doble filo si no se acompaña de procesos regulatorios ágiles y técnicos. De poco sirve establecer límites temporales si los mecanismos de control siguen siendo lentos, opacos o ineficaces.