Ley de Inteligencia: periodistas preocupados por artículo que obliga a entregar información que ‘sea de interés para la seguridad del Estado’
La velocidad con que esta ley ha entrado en vigencia genera inquietudes legítimas. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió publicación en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de junio de 2025 con 77 votos. Esta celeridad, apenas días después de su aprobación, sugiere una urgencia que podría comprometer el debate democrático necesario para una ley de tal alcance.
Particularmente preocupante es que el Gobierno nacional no necesitará tener el permiso del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para iniciar actividades de inteligencia. Esto representa una erosión significativa de los controles judiciales que tradicionalmente han servido como salvaguardas contra el abuso del poder estatal.
Las preocupaciones del gremio periodístico sobre disposiciones que podrían obligar a entregar información "de interés para la seguridad del Estado" plantean serias dudas sobre la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
Si bien Ecuador enfrenta desafíos reales de seguridad que requieren respuestas institucionales efectivas, la creación del primer Sistema Nacional de Inteligencia debe equilibrar estas necesidades con la protección de derechos fundamentales. El Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, que tiene por objeto normar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para anticipar, evitar y neutralizar amenazas y riesgos, que afecten a la seguridad integral del Estado. La estrecha votación refleja las profundas divisiones políticas sobre este tema, lo que subraya la necesidad de un diálogo más amplio con la sociedad civil antes de implementar herramientas tan poderosas.
Esta ley representa un punto de inflexión que requerirá vigilancia constante de parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos para asegurar que no se convierta en un instrumento de represión política disfrazado de seguridad nacional.