Fecha: 30/05/2025
Reflexión personal:
Como estudiante de derecho la incursión de empresas extranjeras en la gestión aduanera de Ecuador me genera una serie de reflexiones profundas sobre el equilibrio entre Seguridad Nacional eficiencia gubernamental y los derechos que tienen los ciudadanos.
El uso de las herramientas de inteligencia artificial que esta empresa ofrece para prevenir el contrabando identificar riesgos y rastrear redes de Comercio ilícito es sin duda un avance tecnológico prometedor, puesto que permite la optimización de los procesos aduaneros además de que brinda la capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, sin embargo, es precisamente en el uso de esta tecnología donde radican la mayoría de mis preocupaciones en el tema legal puesto que la empresa encargada de optimizar estos procesos en el Ecuador ya ha participado en cooperaciones de inteligencia y contratos con Estados Unidos para fines de Defensa e inmigración y trae consigo un historial de críticas relacionadas con la privacidad y el mal uso de los datos obtenidos.
Además de significar una amenaza a la privacidad y el buen manejo de datos la implicación de una empresa privada extranjeras en funciones tan sensibles para el estado plantea interrogantes sobre quien o quienes tendrán acceso a nuestra información y que garantías existen de que estos datos no serán compartidos con terceros.
En resumen si bien el uso de tecnologías avanzadas como la mencionada Promete una mayor eficiencia en la lucha contra el contrabando es imperativo que su implementación esté acompañada de un marco legal y mecanismos de supervisión que aseguren la protección de los derechos humanos la privacidad de los datos la transparencia y la eficiencia en las acciones gubernamentales puesto que en caso de no regularse el riesgo de que esta herramienta se convierta en un instrumento para erosionar libertades individuales es una preocupación que como estudiantes de leyes y ciudadanos en general no podemos pasar por alto