Tema: Menores infractores aumentan 32% en tres años, según datos oficiales del SNAI
Fuente: https://www.eldiario.ec/centros-adolescentes-infractores-ecuador-2025-20250612/
Fecha: 12 de junio de 2025
Reflexión: Entre mayo de 2022 y mayo de 2025, Ecuador ha registrado un aumento alarmante del 32% del número de jóvenes infractores incluidos en centros especializados. La cifra se convirtió en 360 a 475 menores que fueron privados de la libertad, de las cuales 22 son mujeres. Este fenómeno muestra la creciente participación de los jóvenes en actividades criminales, más factores sociales, económicos y estructurales.
Actualmente, hay 11 centros en el país para jóvenes violentos (CAI) distribuidos en nueve provincias. Sin embargo, varios de estos centros enfrentan condiciones indefinidas o inactivas, como Machala y Guayaquil. Este límite amenaza la atención y la rehabilitación de los menores. En lo que respecta a los delitos juveniles, solo 1179 jóvenes fueron arrestados desde enero de 2025 hasta el 10 de junio, aunque muchos de ellos fueron liberados rápidamente. Casos simbólicos, como un niño de 16 años que fue desmantelado en Durán, o cinco jóvenes entre las edades de 13 y 16 años, arrestados por sicariato en Esmeralda refleja la gravedad de la situación. Desde una perspectiva jurídica, Ecuador aplica un sistema legal distinto para jóvenes infractores según la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto significa que no pueden considerarse como adultos, y en lugar de una sanción penal convencional, deben recibir actividades socialmente educativas. Teniendo en cuenta la creciente adopción de jóvenes con un grupo criminal, el gobierno ecuatoriano estableció un comité interinstitucional que consta de 17 unidades, incluidos Vicepresidente, SNAI y varios ministerios, el 5 de junio de 2025. Al mismo tiempo, ha habido un debate legal en la Asamblea Nacional. Los legisladores Andrés Castillo y Andrés Guschmer proponen reformar la Ley de Gestión del Estado para que los menores puedan comprometer crímenes graves para enjuiciar como adultos. Sin embargo, expertos como el abogado Jorge Luis Ortega advierten que la medida es incompatible con los tratados internacionales y no resuelve el problema subyacente en la exclusión social, la falta de oportunidades y la violencia estructural.
Finalmente, el reclutamiento de menores es particularmente crítico con áreas vulnerables, como Guayas, Los Ríos, Esmeralda, Orellana y otras regiones fronterizas. Estos lugares se definen por prácticas ilícitas como la extracción de minerales y la existencia de facciones armadas. Se estima que el 5% de más de 55,000 miembros de pandillas criminales en el país son niños o adolescentes. Para lograr esta situación, el Gobierno planea implementar el sistema de geolocalización para identificar las áreas más riesgosas y actuar de manera concentrada.