Fuente: Infobae
Fecha: 13/06/2025
El 11 de junio de 2025, tras su aprobación por la Asamblea Nacional con 77 votos y sin observaciones presidenciales, entró en vigor la Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa, la normativa establece un Sistema Nacional de Inteligencia que incorpora siete subsistemas (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, análisis financiero, tributario, aduanero, penitenciario y Casa Militar). El propósito central es fortalecer la capacidad del Estado para anticipar, prevenir y neutralizar amenazas a la seguridad integral, en el marco de un plan gubernamental contra las redes criminales.
Uno de los aspectos más controvertidos es que las agencias de inteligencia podrán requerir a operadoras telefónicas e internet acceso a datos personales: históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones, localización de dispositivos y otros datos técnicos, hasta un periodo de cinco años. Si bien el texto establece que estas intervenciones deben observar los principios de necesidad y proporcionalidad y, en varios casos, contar con autorización judicial previa, sectores opositores advierten que la ley facilita el espionaje y la vigilancia estatal sin garantías suficientes, también organizaciones como Derechos Digitales alertan sobre la falta de controles democráticos y la opacidad en el uso de fondos reservados.
La ley también faculta a la entidad rectora para interceptar o examinar documentos y comunicaciones, emitir identidades encubiertas, y coordinar con entidades públicas y privadas obligadas a entregar datos confidenciales sin costo, se prevé un fondo permanente de gastos especiales, autónomo del sistema de contratación pública, cuyo propósito es financiar estas operaciones secretas, al mismo tiempo, consigna principios como legalidad, ética, objetividad y protección de derechos, aunque su efectividad dependerá de un reglamento con supervisión judicial y mecanismos de control interno transparentes.