La acción de incumplimiento es un mecanismo constitucional que se interpone cuando autoridades públicas o privadas no acatan normas constitucionales o sentencias emitidas por la Corte Constitucional; la acción directa o de inconstitucionalidad permite impugnar normas jurídicas que contradicen la Constitución, asegurando la supremacía del texto constitucional; y las acciones especiales —como la acción de protección, hábeas corpus, entre otras— sirven para proteger de forma inmediata los derechos constitucionales vulnerados. Estas tres acciones se relacionan entre sí dentro del Estado constitucional de derechos y justicia porque forman parte de un sistema integral de garantías: la acción directa elimina normas inconstitucionales, las acciones especiales protegen derechos concretos frente a vulneraciones, y la acción de incumplimiento asegura que las decisiones constitucionales derivadas de estas u otras actuaciones sean efectivamente cumplidas, cerrando así el ciclo de protección, control y ejecución del orden constitucional