Título: ¡Fiscalía en vilo! Diana Salazar se va y arranca la carrera por el poder: ¿quién controlará ahora la justicia en Ecuador?
Fecha: miércoles, 21 de mayo de 2025
Reflexión/ Interpretación:
Opino que la salida de Diana Salazar de la Fiscalía General del Estado marca un punto de inflexión institucional que no puede pasar desapercibido, no solo por el impacto jurídico, sino también por sus implicaciones políticas y sociales. Me parece fundamental recordar que la Fiscalía no es cualquier institución: es el órgano encargado de ejercer la acción penal pública y, por ende, de garantizar que el sistema de justicia actúe con firmeza e independencia frente al crimen, la corrupción y la impunidad.
Considero que la aplicación del artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial es correcta en cuanto al procedimiento formal. El inicio del concurso de méritos y oposición dentro del plazo de 30 días es un mandato legal ineludible. Sin embargo, más allá del cumplimiento formal, me preocupa profundamente la legitimidad del proceso, especialmente en un contexto donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido constantemente cuestionado por su falta de transparencia, politización y pugnas internas. La elección de un fiscal general no puede convertirse en una repartición de cuotas políticas disfrazada de concurso público.
En este sentido, me parece saludable la integración de la veeduría ciudadana, pero también soy escéptico respecto de su eficacia real. ¿Cuál será su grado de incidencia en las decisiones del CPCCS? ¿Realmente podrá evitar que intereses ajenos al sistema de justicia contaminen el proceso? Estas son preguntas que debemos hacernos con honestidad, porque el país no puede darse el lujo de repetir errores del pasado.
Pienso también que la figura del fiscal subrogante, en este caso Wilson Toainga, no debe limitarse a una gestión meramente administrativa o de transición. El interregno entre fiscales titulares suele ser una etapa de vulnerabilidad institucional, donde los procesos de alto perfil pueden estancarse o desviarse. Por ello, es indispensable que se ejerza ese encargo con la misma independencia, firmeza y transparencia que se le exigiría a un titular.
Además, me parece preocupante que se proyecte que el proceso de selección podría extenderse hasta inicios de 2026. Estamos hablando de casi un año sin fiscal general titular, en un país donde la institucionalidad está en crisis y donde los casos de corrupción y crimen organizado están a la orden del día. La mora en este tipo de designaciones no solo es un problema administrativo: es un riesgo estructural para el Estado de Derecho.
Creo que estamos ante una oportunidad crucial para fortalecer la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana. Pero también advierto que, si el proceso se contamina o se convierte en un mero trámite político, el daño será profundo y duradero. No podemos permitir que la Fiscalía General, con todo lo que representa, se convierta en un botín. Su independencia es una línea roja que no debe ser cruzada.