El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) representa uno de los casos más significativos de tensión entre integración supranacional y soberanía estatal en el hemisferio occidental, particularmente en su relación con Ecuador. A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, el SIDH ha ejercido una supervisión activa sobre las políticas internas ecuatorianas, emitiendo recomendaciones y sentencias vinculantes que han obligado al Estado a modificar legislaciones, políticas públicas y prácticas institucionales en áreas sensibles como libertad de expresión, derechos indígenas y justicia penal. Esta intervención supranacional ha generado resistencias significativas en diferentes gobiernos ecuatorianos, quienes han cuestionado la legitimidad de organismos externos para determinar el alcance de los derechos fundamentales y las políticas internas del país, llegando incluso a considerar el retiro del sistema durante ciertos períodos. Sin embargo, la persistencia de Ecuador dentro del SIDH evidencia el reconocimiento implícito de que, pese a las limitaciones que impone a la soberanía tradicional, el sistema ofrece un marco de protección de derechos que fortalece el estado de derecho y proporciona recursos legales a ciudadanos que no encuentran justicia en el ámbito nacional, creando así una soberanía compartida que, aunque controvertida, ha contribuido al desarrollo democrático e institucional del país.