Enfocar la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos es clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa. Este enfoque considera que el bienestar emocional y psicológico forma parte integral de la dignidad, la autonomía y la igualdad de todas las personas. A lo largo del tiempo, quienes enfrentan trastornos mentales han sufrido estigmatización, exclusión social y prácticas que vulneran sus derechos, como la sobre-medicalización, el aislamiento forzoso o la negación de su voz en los procesos de atención. Ante esta situación, organismos internacionales como la OMS y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han impulsado marcos normativos que promueven una transformación profunda: dejar atrás los modelos tradicionales centrados en el control, la coerción o el castigo, y priorizar la inclusión, el respeto y la participación activa de los propios individuos en sus procesos de cuidado y recuperación. Para lograrlo, no basta con reformar los sistemas de salud; también es necesario transformar la mirada social, cuestionando los prejuicios, combatiendo el estigma y ampliando los límites de lo considerado “normal”. Es fundamental que tanto el Estado como las instituciones, profesionales de la salud y la ciudadanía en general se comprometan a garantizar el acceso equitativo a servicios adecuados, integrales y centrados en la persona. Solo con este compromiso colectivo será posible construir una atención en salud mental más justa, ética y efectiva, capaz de reparar injusticias históricas y prevenir nuevas formas de marginación o exclusión. Este cambio de enfoque no solo mejora la calidad de la atención, sino que también redefine el sentido de justicia social, al reconocer la salud mental como un derecho humano esencial que debe ser protegido, promovido y defendido con urgencia, coherencia y responsabilidad desde todos los niveles de la sociedad.