El vínculo entre los derechos humanos y la salud mental representa un pilar fundamental para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa. La salud mental no puede entenderse como un asunto aislado, pues forma parte esencial del bienestar integral de cada persona. Reconocer y proteger los derechos en este ámbito significa valorar la dignidad, la autonomía y la igualdad de todos, sin distinción por su estado psicológico o emocional.

A lo largo de la historia, quienes han atravesado experiencias de salud mental han sido víctimas de estigmas, discriminación y violaciones de derechos, lo que ha limitado tanto su integración social como su acceso a servicios adecuados. Frente a esto, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han establecido principios orientados a eliminar la discriminación, garantizar igualdad de oportunidades y defender la autonomía de quienes viven estas realidades. Uno de los enfoques más valiosos que proponen estos documentos es el basado en derechos, que no solo protege a las personas, sino que también exige su participación activa en las decisiones que afectan su cuidado y tratamiento. Esto invita a los sistemas de salud y a las políticas estatales a dejar atrás modelos tradicionales, en los que predominaba el castigo o el aislamiento social, y a construir entornos que promuevan la inclusión, la recuperación y el respeto.

Por otro lado, es necesario trabajar a nivel social para derribar prejuicios, generar conciencia y reconocer plenamente el potencial y los derechos de las personas con trastornos mentales. Solo mediante la aplicación decidida de estos principios será posible caminar hacia una verdadera justicia social, en la que la salud mental se entienda y se defienda como un derecho humano esencial, garantizando que nadie sea excluido o marginado por su condición.