Los textos revisados abordan de forma crítica la estrecha relación entre salud mental y derechos humanos, resaltando cómo muchas prácticas actuales vulneran la dignidad y autonomía de las personas con trastornos mentales. Se señala que en diversos espacios de atención, en lugar de proteger, se terminan restringiendo derechos básicos mediante tratamientos forzados, uso excesivo de medicamentos o internamientos sin consentimiento. Desde esta mirada, se enfatiza la necesidad urgente de adoptar un enfoque más humano, donde el paciente sea escuchado, respetado y participe activamente en las decisiones sobre su tratamiento.
Uno de los aportes importantes es la mención de marcos legales internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y resoluciones de la OMS, que refuerzan la legitimidad de este enfoque. Además, se destaca la importancia de visibilizar prácticas cotidianas que, aunque normalizadas, siguen reproduciendo estigmas y exclusión. Frente a esto, los textos coinciden en que no basta con ofrecer tratamientos médicos, sino que es necesario transformar profundamente el sistema de salud mental, promoviendo un trato ético, digno y centrado en la persona.
También se remarca que el consentimiento informado debe ser un principio irrenunciable, ya que muchas veces las decisiones se toman sin considerar la voluntad del paciente. Asimismo, se critica la visión que trata al individuo como un “objeto de tratamiento” y no como un sujeto con derechos. Finalmente, se propone que la recuperación no debe limitarse a la desaparición de síntomas, sino que incluya la inclusión social, la participación comunitaria y el reconocimiento pleno de la persona. En conclusión, los derechos humanos en salud mental no son un lujo, sino una responsabilidad ética fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, empática e inclusiva.