Cierre oficial del Escrutinio Nacional de la Segunda Vuelta Presidencial
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la victoria de Daniel Noboa con un 55,63% de los votos frente al 44,37% obtenidos por la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Este anuncio oficial marcó un hito legal y administrativo al consolidar los resultados de los comicios presidenciales y permitir la entrega formal de credenciales al presidente electo. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias legales que pusieron en evidencia las tensiones estructurales del sistema electoral ecuatoriano.
Tras el anuncio de los resultados, el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Luisa González y el expresidente Rafael Correa, presentó una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Alegaron la existencia de irregularidades en miles de actas, lo que, según su denuncia, podría afectar a más de un millón de votos. Esta impugnación puso en tela de juicio la transparencia del proceso, aunque los observadores internacionales desplegados por organizaciones como la OEA y la Unión Europea respaldaron la legitimidad de los resultados, señalando que las elecciones se llevaron a cabo en términos generales de forma libre y ordenada.
La situación vivida en abril de 2025 refleja la complejidad del panorama político y jurídico en Ecuador, donde la polarización y la desconfianza hacia las instituciones siguen marcando los procesos electorales. Además, resalta la importancia de los canales legales como garantes del orden democrático y de los derechos fundamentales de participación, control y transparencia. En contextos como este, el respeto al debido proceso electoral y la independencia de los órganos jurisdiccionales se convierten en pilares esenciales para preservar la legitimidad del sistema democrático y evitar una erosión de la confianza ciudadana.