Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos indígenas
Esta sentencia constituye un precedente histórico al responsabilizar al Estado ecuatoriano por violaciones a derechos fundamentales, como la propiedad colectiva, la libre determinación, la vida digna, la salud y el medio ambiente, en el contexto de actividades extractivas dentro de territorios protegidos como la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT). El fallo resalta la contradicción entre el marco constitucional que prohíbe expresamente estas actividades y las políticas extractivas impulsadas por el propio Estado, evidenciando una falta de coherencia jurídica y ética.
Además, subraya la creciente importancia de los tribunales internacionales como garantes de los derechos colectivos, especialmente cuando las instituciones nacionales fallan en protegerlos. También pone en relieve la tensión estructural entre el modelo de desarrollo económico basado en la extracción de recursos y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario.
Este fallo no solo reitera la inviolabilidad de los derechos de estas comunidades, sino que también plantea la urgente necesidad de armonizar el desarrollo económico con la protección de los derechos humanos y ambientales, fomentando un modelo verdaderamente sostenible e intercultural.