Los contextos políticos y económicos de América Latina han tenido un impacto determinante en la evolución del derecho en la región, ya que han moldeado no solo el contenido normativo, sino también la función del derecho como instrumento de control o transformación social. Las dictaduras del siglo XX, por ejemplo, promovieron reformas autoritarias en muchos países, dando lugar a marcos jurídicos centrados en la represión y en la consolidación del poder estatal, mientras que las transiciones democráticas posteriores impulsaron la constitucionalización de derechos humanos y mecanismos de protección judicial. A nivel económico, las crisis recurrentes, la desigualdad estructural y los procesos de ajuste estructural impuestos por organismos internacionales han influido en la adopción de reformas jurídicas orientadas al libre mercado, la privatización y la flexibilización laboral, muchas veces en detrimento de la protección social. Estas experiencias compartidas han generado un terreno fértil para el Derecho Comparado en la región, no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta crítica para evaluar el impacto de las reformas y buscar soluciones adaptadas a realidades similares. El Derecho Comparado latinoamericano, por tanto, se configura no solo como un puente entre sistemas jurídicos, sino como un espacio de resistencia, creatividad e innovación que permite repensar las instituciones jurídicas desde las particularidades de la región.