El asesinato de 11 militares ecuatorianos en una emboscada atribuida al grupo ilegal armado "Comandos de la Frontera" no solo enluta a las Fuerzas Armadas, sino que también nos enfrenta, como país, a una dolorosa realidad: el crimen organizado ha tomado un rumbo cada vez más violento y desafiante. Estos soldados, que realizaban operaciones contra la minería ilegal en la provincia de Orellana, perdieron la vida cumpliendo con su deber de proteger el territorio nacional. La apertura de una investigación por presunto terrorismo por parte de la Fiscalía es un paso necesario, pero no suficiente. El Estado tiene la obligación de garantizar justicia no solo con palabras, sino con acciones firmes, coordinadas y sostenidas. El presidente Daniel Noboa declaró un duelo nacional, lo cual simboliza el respeto por los caídos, pero el verdadero homenaje será encontrar y juzgar a los responsables con el peso de la ley.

Hoy más que nunca, apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas y fortalecer la seguridad en zonas afectadas por la minería ilegal y el narcotráfico debe ser prioridad. La memoria de estos 11 valientes no puede quedar sepultada bajo el silencio ni la impunidad. Su muerte debe ser un llamado urgente a recuperar el control del territorio, proteger la vida de quienes nos cuidan y exigir, como ciudadanos, un Estado que no ceda ni un centímetro al terror.