Resalta la identidad del país: La coexistencia de diversas culturas potencia el sentimiento de pertenencia y fomenta una identidad ecuatoriana más inclusiva y diversa.

Promueve el turismo de cultura: Las tradiciones, idiomas, atuendos y celebraciones tradicionales atraen a visitantes tanto nacionales como internacionales, produciendo ingresos para las comunidades y la nación.

Proporciona saberes antiguos: Las culturas indígenas y afroecuatorianas mantienen conocimientos sobre medicina natural, agricultura y gestión del medio ambiente que pueden enriquecer el progreso sostenible.

Promueve la enseñanza intercultural: Se fomenta un sistema educativo más equitativo, que admite otras perspectivas y comprensiones del mundo, fomentando la inclusión.

Amplifica el arte y la cultura del país: La variedad de manifestaciones musicales, literarias, culinarias y visuales contribuye a la creatividad, al arte y a toda la cultura de Ecuador.

Pese a que en Ecuador se reconocen los derechos de las comunidades y nacionalidades en la Constitución desde 2008, en la realidad no siempre se respetan ni se implementan de manera apropiada. Pese al progreso jurídico, numerosas comunidades originarias y afroecuatorianas se encuentran con dificultades como la ausencia de consulta previa en proyectos de extracción, discriminación, pobreza y acceso restringido a servicios fundamentales. Además, aún resultan insuficientes la implicación política y el respeto a sus culturas y idiomas. Así pues, existen progresos en las regulaciones, pero aún queda mucho por hacer para que estos derechos se respeten de manera eficaz y equitativa a nivel nacional.

Otro factor alarmante es la continua discriminación estructural y el racismo, que restringen la disponibilidad de estas comunidades a servicios fundamentales como la salud, la justicia y la educación. Las cifras de pobreza en comunidades indígenas y afrodescendientes superan considerablemente el promedio nacional, lo que refleja una desigualdad constante.

En términos políticos, a pesar de que hay líderes indígenas y representantes afroecuatorianos en ciertos niveles del Estado, su implicación continúa siendo restringida y, a veces, simbólica. Muchas veces, las decisiones cruciales acerca del futuro del país se adoptan sin su auténtica implicación.

Para concluir, aunque hay progresos normativos significativos, aún queda por lograr un respeto auténtico y eficaz de los derechos de las comunidades y nacionalidades. No solo es imprescindible reconocerlos en su papel, sino también asegurar su aplicación en la práctica mediante políticas públicas integrales, voluntad política, implicación directa y una auténtica reparación histórica.