La constitución de Ecuador establece normas esenciales que orientan la convivencia social, política y legal del país, fomentando un Estado que sea inclusivo y que valore la diversidad así como los derechos humanos. Este documento muestra su dedicación a la dignidad humana, la igualdad y el involucramiento de la ciudadanía, reconociendo tanto los derechos individuales como los colectivos y estableciendo deberes para el Estado y la población.

Un progreso notable es la aceptación de la diversidad en cultura, etnicidad y lengua, lo que marca un cambio respecto a enfoques anteriores que pasaban por alto a las comunidades indígenas. La promoción de la igualdad entre géneros y la defensa de grupos en riesgo fortalecen la justicia social, que es fundamental para el avance del país. Sin embargo, existe una discrepancia entre lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la vida diaria, manifestada en desigualdades, violencia de género y corrupción, lo que subraya la necesidad de una firme voluntad política y de recursos apropiados. Por otro lado, la Constitución establece una conexión entre derechos y responsabilidades, instando a la población a actuar de manera responsable y a proteger el medio ambiente. Esta perspectiva es crucial frente a los retos globales que enfrentamos en la actualidad.