La Constitución del Ecuador se fundamenta en un marco legal que coloca en primer plano la protección de los derechos humanos, la interculturalidad y el respeto por la dignidad de las personas. En este sentido, los artículos 9 y 10 establecen principios de igualdad y no discriminación, reconociendo que todas las personas, incluso los extranjeros presentes en el territorio nacional, gozan de derechos. Esto evidencia una clara orientación hacia la inclusión y el reconocimiento universal de la dignidad humana. Por otro lado, los artículos 12 y 13 reafirman el compromiso del Estado con derechos esenciales como el acceso al agua y a una alimentación saludable, entendidos como elementos indispensables para garantizar una vida plena y digna. Es importante señalar que, aunque la Constitución del Ecuador presenta un marco normativo avanzado, en la realidad aún persisten profundas desigualdades estructurales. A pesar de lo establecido en el texto constitucional, la discriminación hacia pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas LGBTIQ continúa siendo una problemática social significativa. Esta situación se ve agravada por la ausencia de mecanismos eficaces que permitan sancionar adecuadamente los actos discriminatorios, lo que limita el alcance real de estas normas. En este contexto, el artículo 11 representa un avance importante en términos legales, pero su verdadero impacto depende de la implementación de políticas públicas sólidas y de un sistema de justicia accesible y efectivo. De lo contrario, sus principios seguirán teniendo un valor más simbólico que práctico.

Si bien la Constitución del Ecuador constituye un referente normativo progresista que reconoce y garantiza una amplia gama de derechos humanos, su eficacia depende en gran medida de su aplicación práctica. La existencia de normas que promueven la igualdad, la dignidad y el acceso a recursos esenciales es un paso fundamental, pero resulta insuficiente frente a las persistentes brechas sociales y culturales. Para que estos derechos no se queden solo en el papel, es indispensable que el Estado fortalezca los mecanismos institucionales, promueva una cultura de respeto y garantice el acceso a la justicia para todos los grupos históricamente vulnerados. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, equitativa y justa.