La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inadmitir la impugnación presentada por la Revolución Ciudadana sobre los resultados de la segunda vuelta electoral ha causado reacciones divididas. Aunque el organismo se amparó en la normativa vigente, al indicar que no procede una impugnación contra una resolución del propio CNE sobre resultados numéricos, este hecho vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la transparencia y la confianza en el sistema electoral. La Revolución Ciudadana argumenta que se les está negando el derecho a revisar actas con presuntas irregularidades, y ha recurrido al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esto refleja que, más allá del aspecto legal, hay una necesidad urgente de fortalecer los canales institucionales que permitan la revisión y verificación de los resultados, sin que se interpreten como actos de desestabilización.

Hoy más que nunca, es fundamental que los procesos electorales sean transparentes y respeten el derecho de todos los actores políticos a ser escuchados. Si el CNE quiere garantizar la estabilidad democrática, debe actuar con apertura, imparcialidad y responsabilidad. La democracia no se defiende solo con leyes, sino también con la voluntad de hacerlas cumplir de forma justa. El país necesita instituciones que generen confianza, no más incertidumbre.