La solicitud de la Asamblea Nacional para declarar emergencia sanitaria en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, debido a la muerte de siete menores, nos invita a reflexionar sobre la profunda desigualdad en el acceso a la salud en el país. La pérdida de vidas infantiles en comunidades amazónicas evidencia la falta de atención médica oportuna, infraestructura adecuada y servicios básicos como agua potable. La salud es un derecho, no un privilegio, y estas tragedias nos recuerdan que hay regiones donde ese derecho aún no se garantiza plenamente. Además, la incertidumbre sobre las causas de estas muertes refleja fallas en los sistemas de vigilancia epidemiológica y respuesta rápida. La reacción de la Asamblea es un paso importante, pero no debe quedarse solo en exhortaciones: se requiere acción inmediata y sostenida. Es urgente invertir en salud preventiva, en presencia estatal en zonas rurales y en educación sanitaria. Esta situación también demuestra la importancia de la empatía en la política: actuar por los que no tienen voz ni visibilidad. Los niños deben ser una prioridad nacional, no una estadística más. La muerte de un menor por causas evitables es una falla colectiva. Como sociedad, debemos exigir respuestas, pero también soluciones reales. Solo así podremos construir un país más justo, donde todos tengan las mismas oportunidades de vivir y crecer sanamente.