Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la comunicación política, actuando como intermediarios entre los políticos y la ciudadanía. Su función va más allá de la mera transmisión de información. Son responsables de contextualizar, analizar y verificar los mensajes políticos para fomentar un debate público informado. Sin embargo, en Ecuador, este papel se ha visto comprometido por prácticas que incluyen la instrumentalización de medios públicos y privados para promover agendas gubernamentales, la difusión de desinformación y la censura de voces críticas. Estas acciones socavan la confianza en las instituciones democráticas y limitan la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas.​

Un ejemplo reciente es la estrategia de comunicación del gobierno de Daniel Noboa durante el proceso electoral de 2025. Se ha documentado la utilización de recursos públicos para financiar campañas de propaganda que exaltan la imagen del presidente, mientras se invisibilizan o desacreditan actores políticos opositores. Además, se han reportado casos de censura y presión sobre medios y periodistas críticos, como la cancelación de programas de opinión y la revocatoria de visas a comunicadores extranjeros. Estas prácticas reflejan un uso indebido de los medios de comunicación para consolidar el poder político, en detrimento del pluralismo y la libertad de expresión, pilares fundamentales de una democracia saludable.