"Pasé una noche de terror en emergencias del hospital Carlos Andrade Marín, del IESS", relata paciente
Fecha: 26-abril-2025
Autor: Jonathan Machado
En un país donde el acceso a la salud es considerado un derecho constitucional, la realidad en los hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revela una dolorosa contradicción. El testimonio desgarrador de pacientes en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), quienes denuncian la falta de medicinas e insumos médicos, no es un caso aislado, es el reflejo de una crisis estructural que afecta a miles de ecuatorianos y pone en evidencia el progresivo deterioro de un sistema que debería garantizar la vida y el bienestar de sus ciudadanos.
Pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes o insuficiencia renal se ven obligados a costear tratamientos con sus propios recursos, muchas veces en perjuicio de su economía y calidad de vida. Esta situación vulnera no solo el derecho a la salud, sino también la dignidad humana.
La respuesta institucional a esta crisis es desalentadora. El IESS y las autoridades hospitalarias se escudan en argumentos repetitivos, atrasos en los procesos de compra pública, falta de presupuesto, trámites burocráticos y obstáculos administrativos. No obstante, estos pretextos pierden validez cuando año tras año se anuncian reformas, se firman convenios y se presupuestan millones en el sector salud que jamás llegan a traducirse en bienestar tangible para los pacientes. La inoperancia institucional parece haberse normalizado, mientras los más vulnerables son quienes pagan las consecuencias con su salud, su estabilidad emocional y, en muchos casos, su vida.
Más allá de las fallas técnicas y administrativas, la situación evidencia una profunda crisis ética. La corrupción en el sistema de salud no solo implica el desvío de fondos o la adjudicación irregular de contratos, sino también el abandono sistemático de pacientes que, en muchos casos, no tienen otra alternativa. ¿Cómo es posible que un paciente con cáncer tenga que pagar $1.500 mensuales por su tratamiento en un hospital público? ¿Cómo se explica que en salas de urgencias falten gasas, jeringas o analgésicos básicos?
Las protestas de familiares, los reclamos en redes sociales y las campañas de donación organizadas por la sociedad civil son muestras de una ciudadanía que, ante la indiferencia del Estado, ha decidido tomar acción. Sin embargo, este esfuerzo no debería ser la norma. La salud no puede depender de la caridad, ni de la buena voluntad de funcionarios aislados. Requiere políticas públicas sólidas, voluntad política real y una administración transparente que rinda cuentas no solo en cifras, sino en resultados humanos.