El presidente Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de Ley del Servicio Cívico Militar Voluntario, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional el 18 de marzo de 2025. El veto se fundamenta en que la ley afectaría el régimen de administración de personal de las Fuerzas Armadas, al crear un "subsistema ambiguo de gestión" para el personal en servicio militar voluntario y de reserva, lo cual transgrediría el derecho a la seguridad jurídica. Se señala que el proyecto no define con claridad los deberes, responsabilidades, derechos, obligaciones y prohibiciones de quienes integran el servicio cívico militar voluntario y las reservas, careciendo de reglas claras para la adjudicación de responsabilidad administrativa. También se critica la falta de desarrollo de las atribuciones, deberes, organización, misión y régimen disciplinario de las personas que conforman la reserva militar, así como la ausencia de un mecanismo de financiamiento en el presupuesto general del Estado para el servicio cívico militar voluntario y personal de reserva militar.

La política ecuatoriana ha estado marcada por una diferenciación creciente sobre ideales políticos por parte de los dos bandos que han estado en contra en la segunda vuelta, donde los fanáticos de diferentes partidos políticos defienden a sus líderes y propuestas sin un análisis crítico, incluso cuando estas pueden ser perjudiciales para el país. Esta actitud deshonesta nos impide el tener una buena y civil forma de tomar las decisiones en son de mejora para el Ecuador, además, la búsqueda de soluciones reales a los problemas nacionales.​

El veto del presidente Noboa al proyecto de Ley del Servicio Cívico Militar Voluntario evidencia la necesidad de tratar las propuestas legislativas con seriedad y responsabilidad, especialmente en contextos electorales. La aprobación unánime de una ley con deficiencias técnicas y legales muestra de manera importante que, las decisiones legislativas pueden estar más motivadas por intereses políticos o electorales que por el bienestar del país.

Tanto los legisladores como los ciudadanos debemos exigir un mejor análisis sobre las leyes propuestas, considerando su viabilidad, legalidad y beneficios reales. Solo así podremos fortalecer la democracia y garantizar que la política contribuya al desarrollo y estabilidad del Ecuador.