El fallecimiento de la agente policial Yarli Merino de 21 años que se sometido a una cirugía estética en una clínica privada de Santo Domingo de los Tsáchilas nos da algunas complicaciones en el ámbito penal y administrativo, desde lo penal la detención en flagrancia de cuatro miembros del equipo médico la cirujana Joy S., el anestesiólogo César S., la enfermera Karen C. y el instrumentista John Ch y sugiere la posible comisión del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional que se encuentra tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, este artículo establece sanciones para los profesionales de la salud cuyas acciones u omisiones negligentes resulten en la muerte de un paciente

La responsabilidad penal dependerá de la demostración de una conducta negligente, imprudente o contraria a los protocolos médicos establecidos, la autopsia y las investigaciones forenses serán importantes para determinar si existió una cadena de errores o negligencias durante la intervención quirúrgica, en el ámbito administrativo se debe verificar si la clínica contaba con las licencias y permisos necesarios para operar así como si los profesionales involucrados si es que estaban debidamente acreditados y habilitados para ejercer, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada tiene la responsabilidad de supervisar y controlar estos aspectos.​

Además, la familia de la víctima podría iniciar acciones civiles por daños y perjuicios buscando una compensación económica por la pérdida sufrida, este caso también pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles y regulaciones sobre las clínicas estéticas y los procedimientos quirúrgico en especial aquellos que no son de carácter urgente o vital

Este lamentable hecho señala la importancia de la ética profesional y la responsabilidad médica y recordando que la vida y la seguridad de los pacientes deben ser siempre la prioridad en cualquier procedimiento de salud.