El Presupuesto General del Estado (PGE) prorrogado para 2025 en Ecuador se establece en $36.063 millones, siendo financiado principalmente por ingresos corrientes (57,2%), que incluyen impuestos como el IVA (15%) y el Impuesto a la Renta, generando un total de $16.362 millones, además de $1.939 millones provenientes de tasas y contribuciones. Los ingresos derivados del petróleo también juegan un papel importante, con $453,89 millones por productos derivados y $1.303 millones por regalías y exportaciones directas. Sin embargo, el presupuesto muestra una alta dependencia del financiamiento (28,93%), incluyendo deuda pública, lo que pone de manifiesto un déficit estructural.
Los gastos prioritarios se destinan principalmente a gastos corrientes (56,33%), que abarcan salarios públicos ($9.654 millones) y transferencias sociales ($4.786 millones), mientras que la inversión en proyectos solo representa el 4,98% ($1.797 millones).
Para mitigar el déficit, el gobierno necesita incrementar la recaudación tributaria combatiendo la evasión fiscal y optimizando el gasto, especialmente en subsidios y nómina pública. También es vital diversificar la economía para disminuir la dependencia del petróleo y controlar el endeudamiento. La selección de proyectos de inversión productiva y la revisión de las transferencias a gobiernos autónomos ($3.458 millones) podrían contribuir a mejorar la eficiencia fiscal. Sin estas acciones, el déficit y la deuda podrían volverse insostenibles, afectando la estabilidad económica del país.
El PGE 2025 resalta los retos fiscales que enfrenta Ecuador, con una estructura de ingresos aún muy dependiente de impuestos y petróleo, así como un alto nivel de financiamiento externo. Para asegurar la sostenibilidad económica, es urgente llevar a cabo reformas que fortalezcan la recaudación, reduzcan gastos innecesarios y promuevan inversiones estratégicas. Además, se requiere una gestión más eficiente de los recursos públicos y mayor transparencia en la ejecución del presupuesto, sin medidas concretas, el país podría enfrentar presiones financieras que limitarían el desarrollo social y económico.
Los gastos prioritarios se destinan principalmente a gastos corrientes (56,33%), que abarcan salarios públicos ($9.654 millones) y transferencias sociales ($4.786 millones), mientras que la inversión en proyectos solo representa el 4,98% ($1.797 millones).
Para mitigar el déficit, el gobierno necesita incrementar la recaudación tributaria combatiendo la evasión fiscal y optimizando el gasto, especialmente en subsidios y nómina pública. También es vital diversificar la economía para disminuir la dependencia del petróleo y controlar el endeudamiento. La selección de proyectos de inversión productiva y la revisión de las transferencias a gobiernos autónomos ($3.458 millones) podrían contribuir a mejorar la eficiencia fiscal. Sin estas acciones, el déficit y la deuda podrían volverse insostenibles, afectando la estabilidad económica del país.
El PGE 2025 resalta los retos fiscales que enfrenta Ecuador, con una estructura de ingresos aún muy dependiente de impuestos y petróleo, así como un alto nivel de financiamiento externo. Para asegurar la sostenibilidad económica, es urgente llevar a cabo reformas que fortalezcan la recaudación, reduzcan gastos innecesarios y promuevan inversiones estratégicas. Además, se requiere una gestión más eficiente de los recursos públicos y mayor transparencia en la ejecución del presupuesto, sin medidas concretas, el país podría enfrentar presiones financieras que limitarían el desarrollo social y económico.