El Presupuesto General del Estado (PGE) prorrogado para 2025 en Ecuador asciende a $36.063 millones, financiado principalmente por ingresos corrientes (57,2%), que incluyen impuestos como el IVA (15%) y el Impuesto a la Renta, con aportes de $16.362 millones, así como $1.939 millones por concepto de tasas y contribuciones. Los ingresos petroleros también representan una fuente clave, con $453,89 millones por derivados y $1.303 millones por regalías y exportaciones directas. Sin embargo, el presupuesto depende significativamente del financiamiento (28,93%), incluyendo deuda pública, lo que refleja un déficit estructural. Los egresos prioritarios corresponden a gastos corrientes (56,33%), como salarios públicos ($9.654 millones) y transferencias sociales ($4.786 millones), mientras que la inversión en proyectos representa solo el 4,98% ($1.797 millones).
Para reducir el déficit, el gobierno debe aumentar la recaudación tributaria mediante la lucha contra la evasión y optimizar el gasto, especialmente en subsidios y nómina pública. Asimismo, es crucial diversificar la economía para reducir la dependencia del petróleo y controlar el endeudamiento. La priorización de proyectos de inversión productiva y la revisión de transferencias a gobiernos autónomos ($3.458 millones) podrían mejorar la eficiencia fiscal. Sin estas medidas, el déficit y la deuda podrían volverse insostenibles, afectando la estabilidad económica del país.
El Presupuesto General del Estado 2025 evidencia los desafíos fiscales que enfrenta Ecuador, con una estructura de ingresos aún dependiente de impuestos y petróleo, y un alto nivel de financiamiento externo. Para garantizar la sostenibilidad económica, es urgente implementar reformas que fortalezcan la recaudación, reduzcan gastos innecesarios y promuevan inversiones estratégicas. Además, se requiere una gestión más eficiente de los recursos públicos y una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria. Sin acciones concretas, el país podría enfrentar mayores presiones financieras, limitando su capacidad para impulsar el desarrollo social y económico. La planificación fiscal responsable será clave para asegurar un crecimiento estable y equitativo en el mediano plazo.
Para reducir el déficit, el gobierno debe aumentar la recaudación tributaria mediante la lucha contra la evasión y optimizar el gasto, especialmente en subsidios y nómina pública. Asimismo, es crucial diversificar la economía para reducir la dependencia del petróleo y controlar el endeudamiento. La priorización de proyectos de inversión productiva y la revisión de transferencias a gobiernos autónomos ($3.458 millones) podrían mejorar la eficiencia fiscal. Sin estas medidas, el déficit y la deuda podrían volverse insostenibles, afectando la estabilidad económica del país.
El Presupuesto General del Estado 2025 evidencia los desafíos fiscales que enfrenta Ecuador, con una estructura de ingresos aún dependiente de impuestos y petróleo, y un alto nivel de financiamiento externo. Para garantizar la sostenibilidad económica, es urgente implementar reformas que fortalezcan la recaudación, reduzcan gastos innecesarios y promuevan inversiones estratégicas. Además, se requiere una gestión más eficiente de los recursos públicos y una mayor transparencia en la ejecución presupuestaria. Sin acciones concretas, el país podría enfrentar mayores presiones financieras, limitando su capacidad para impulsar el desarrollo social y económico. La planificación fiscal responsable será clave para asegurar un crecimiento estable y equitativo en el mediano plazo.