El incidente que se desarrolló en Chalco, un Estado perteneciente a México, donde una mujer de edad avanzada (74 años) con nombre Carlota N, haciendo uso de un arma de fuego dio muerte a dos hombres, todo por la posesión indebida de un bien inmueble que le pertenecía a la mujer, la cual acudió ante los órganos de justicia competentes, los cuales no quisieron ayudarla con el problema que estaba teniendo. Estos hechos no son más que el resultado de tener sistemas judiciales ineficaces, lo cual ha generado un ambiente de desconfianza en la población mexicana, llevándolos tratar de solucionar sus problemas legales por cuenta propia, ya que los órganos de justicia en lugar de buscar soluciones, solo buscan entorpecer los procesos.

La situación acontecida y todo lo que se encuentra detrás de la misma no es más que la evidencia de la falta de acceso a mecanismos legales efectivos, y una clara violación al derecho al acceso a la justicia, lo cual denota la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia y mediación para darles una garantía y seguridad a los ciudadanos para poder confiar en los procesos legales.

Desde el aspecto jurídico, el caso deja con muchas interrogantes sobre la aplicación de la legítima defensa, el uso proporcional de la fuerza y los límites del derecho a la propiedad. Ya que, si bien es cierto que toda persona tiene derecho a proteger sus bienes, esto no puede justificar el uso de la violencia letal, especialmente cuando existen vías legales para resolver los conflictos, la vida humana debe prevalecer siempre sobre cualquier derecho patrimonial. Este lamentable suceso evidencia la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar que toda persona, sin distinción, tenga acceso a mecanismos eficaces de defensa y resolución de disputas, solo de esta forma se podrá restablecer la confianza en el sistema legal y evitar que tragedias como esta se repitan.

Asimismo, puede afirmarse que la omisión del Estado mexicano en este caso no es solo una falla administrativa, sino hasta cierto grado se consideraría como una forma de violencia, ya que margina y revictimiza a quienes buscan acceso a la justicia. Por ello, considero fundamental el impulsar reformas legales que garanticen una atención efectiva a los sectores más vulnerables, y grupos de atención prioritaria, promoviendo una cultura legal basada en el respeto a los derechos humanos, y la dignidad humana, enfocándose en la solución pacífica de los conflictos. Pues solo así se podría llegar a evitar que se vuelvan a generar casos como el de Carlota N. dentro de una sociedad que clama por justicia.